Euskal Gazteria Aurrera! ¡Libertad para los detenidos!

En la mañana del 18 de mayo la Ertzaintza ha irrumpido en el centro de Vitoria desplegando una salvaje represión contra centenares de jóvenes concentrados pacíficamente. Las imágenes de golpes brutales, puñetazos, patadas, porrazos, y agresiones rayanas en la tortura, nos han recordado a los tiempos más duros del franquismo. Pero en esta ocasión no se trataba de los “grises”, sino de la Ertzaintza, la policía del PNV.

El objetivo de todo este ensañamiento era romper el muro humano que cientos de jóvenes habían hecho con la intención de impedir la detención de Ibon Esteban, Igarki Robles y Aiala Zaldíbar, condenados por la Audiencia Nacional, por pertenencia a Segi, organización de la juventud abertzale. El delito de estos jóvenes no es otro que el de militar en una formación que se declara independentista, y su condena se produce al abrigo de las leyes de excepción antidemocrática aprobadas hace años, cuya continuación actual es la famosa Ley Mordaza elaborada por el PP.

Estos jóvenes no han sido juzgados por su participación en acciones de violencia callejera, ni se presentan contra ellos acusaciones concretas de haber cometido actos violentos, ni pertenencia o colaboración con banda armada. Su “crimen” es apoyar ideas independentistas y pertenecer a la izquierda abertzale. Y precisamente han sido víctimas de un juicio político en el que se ha utilizado una vara de medir que ya conocemos muy bien. Sí, porque una justicia que deja libres a corruptos que saquean las finanzas públicas, a los banqueros que defraudan a miles de pensionistas sus ahorros, que dicta desahucios a decenas de miles de familias, o que se niega a sentar en el banquillo a los torturadores del franquismo, es la que ha impuesto a estos jóvenes independentistas seis años de cárcel por organizar actos y movilizaciones, colocar propaganda o haber hablado en ruedas de prensa. Esta es la justicia que defiende a los ricos pero que persigue a todos los que queremos una vida mejor para la mayoría.

Estas detenciones, y esta brutal represión, se producían tras una manifestación organizada por la plataforma "Herri Harresiak" (Muros Populares), un movimiento de desobediencia civil en respuesta a la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a las personas imputadas en el sumario 01/12 a penas de hasta seis años de prisión. Desde la tarde del domingo, cientos de personas se aglutinaban formando un muro para impedir la detención de los jóvenes condenados.

Más de veinte furgonetas de la Ertzaintza, policía autonómica vasca del PNV, llegaron a la Plaza de la Virgen Blanca, donde permanecían sentados pacíficamente los jóvenes y se procedía al desalojo y la detención e identificación de los mismos a porrazos, patadas, puñetazos, golpes indiscriminados, tirones de pelos y vejaciones más duras todavía. La brutalidad de esta actuación policial ha llegado a dislocarle la pierna a un joven o a que otros sufrieran a plena luz del día prácticas clasificadas como tortura, como el caso de otro joven que era obligado, boca abajo, a tragar agua de las fuentes de la plaza.

A pesar de los reiterados pronunciamientos de la dirección de la IA en el sentido de actuar exclusivamente a través de vías políticas, y de los años transcurridos desde la declaración por parte de ETA de un alto el fuego unilateral, hasta ahora la respuesta del gobierno del PP, y del PNV también, ha consistido en apostar exclusivamente por la vía policial y la represión.

Desde Ikasle Sindikatua denunciamos esta política reaccionaria y contraria a los derechos democráticos tanto de la derecha española, el PP, como de la derecha vasca, el PNV. Exigimos la libertad de los jóvenes independentistas vascos condenados por la Audiencia Nacional, así como de todos los detenidos el 18 de mayo y que no haya cargos contra ellos. También exigimos la depuración de responsabilidades por la brutal represión policial y la dimisión inmediata de los mandos policiales y políticos que dirigían esta operación.

Desde Ikasle Sindikatua exigimos el fin de las leyes antidemocráticas que cercenan la libertad de expresión, que condenan y mandan a la cárcel a jóvenes por profesar ideas independentistas; y al mismo reiteramos la necesidad de luchar por un programa que defienda los derechos democráticos de las nacionalidades históricas, incluido el derecho de autodeterminación, vinculándolas a las reivindicaciones sociales en defensa de los derechos de la juventud y la clase trabajadora.

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