La única Unidad de Identidad de Género (UIG) especializada de Euskadi está paralizada. El modelo de sanidad pública del “oasis vasco” está tan al límite que una sola baja médica, la de una psiquiatra, lleva a la parálisis del servicio. Esta es la realidad que enfrentan las personas trans, quedando totalmente desprotegidas bajo el gobierno del PNV-PSE. Y es especialmente duro en el caso de la juventud trans, ya que para ellas, ellos y elles el retraso en su transición tiene un impacto irreversible.
Desde Ezker Iraultzailea, Ikasle Sindikatua y Emakume Aske eta Borrokalariak nos sumamos a la denuncia pública que hizo SuminTrans[1] el jueves 12 explicando el impacto de estas políticas: la cancelación de citas, la suspensión indefinida de valoraciones y el frenazo del acceso a tratamientos hormonales. Esta situación vulnera derechos fundamentales.
Lo que está ocurriendo en la sanidad pública de Euskadi no es puntual, ni inevitable, ni fruto del azar. Es el resultado directo de una gestión política que siempre ha puesto los beneficios en el centro. La sanidad pública debería garantizar atención digna, continua y de calidad para todas las personas. Pero en la práctica, cada vez más familias trabajadoras nos encontramos con listas de espera eternas, servicios saturados y recursos insuficientes.
Mientras tanto, desde las instituciones se repiten discursos de apoyo y se ponen el pin de bandera arcoíris el día del Orgullo. Pero cuando llega el momento de garantizar atención médica y/o psicológica, acompañamiento médico o continuidad en los tratamientos, el compromiso desaparece. Estamos hartas del postureo. El problema no es una baja: el problema es el abandono institucional.
Desde Ikasle Sindikatua lo decimos con claridad: la sanidad pública se defiende con inversión, con personal suficiente y con planificación. Esto no va de casos aislados. Va de un modelo que prioriza la gobernabilidad capitalista y el postureo institucional frente a los derechos reales. Va de decisiones que se toman desde los despachos del PNV y PSE, donde se prioriza un modelo a la medida de IMQ y el resto de aseguradoras privadas[2].
Rescatar la sanidad pública también es despatologizar la realidad trans
Por supuesto denunciamos el efecto que los recortes en la sanidad pública. Pero también debemos ser claras: la UIG no estaba actuando como una herramienta al servicio de las personas trans sino al contrario. El protocolo en Cruces seguía siendo el paso obligatorio por psiquiatría, algo ilegal, pero perpetuado por las políticas del Gobierno Vasco. Con toda la violencia que conocemos de este proceso: las preguntas sobre qué ropa interior llevas, la relación con tu cuerpo o sobre tus prácticas sexuales. Poner en duda nuestra identidad. Cuestionar si una transición es realizable si pesas más de uno determinados kilos sin ningún criterio médico. Esto es violencia.
Por eso debemos ser muy claras: Hay que rescatar la sanidad pública, una red que las, los y les jóvenes solo hemos conocido en crisis y sufriendo recortes. Hay que eliminar el monopolio de Cruces y que las personas trans no tengan que pasar por la UIG en Barakaldo. Pero rescatarla debe ser también despatologizar, dejar de deshumanizar y de tutelar a las personas trans.
Necesitamos recursos materiales, sí. Pero también una orientación de esos recursos, eso pasa por la formación específica de los profesionales sanitarios para que ayuden y acompañen a las personas trans. También exigimos la depuración de las y los profesionales tránsfobos de la sanidad pública. Un sanitario o sanitaria que piense que las personas trans padecen una enfermedad y esta tiene que ser tratada, no es un buen sanitario y no puede trabajar en la sanidad pública.
La dignidad no se aplaza.
La salud no se negocia.
Y los derechos no son propaganda.
Ez dago atzera pausorik.
