El pasado día 9 de marzo de 2013 el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) aprobó la amortización de plazas de 301 trabajadoras/es del personal de administración y servicios (PAS), de las que 156 pertenecían al PAS Laboral y 145 al PAS Funcionario.
Esta decisión fue tomada de manera unilateral por el rector Carlos Conde y su equipo, sin ninguna negociación previa con los sindicatos (sí que se escenificó un “paripé”, un simulacro de 5 días donde no se aceptó ni una sola propuesta alternativa a los despidos) y sin hacer un mínimo estudio de la plantilla de la UPM para racionalizar a la misma. Con ello, el rector provocó una situación crítica y muy precaria, reflejada en el cierre de laboratorios, imposibilidad de prácticas o en recortes en los horarios de algunas secretarías de alumnos, por dar solo algunos ejemplos. Desde entonces toda la comunidad universitaria recibe un peor servicio público.
Actualmente, el PAS Funcionario despedido está pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo, mientras que el PAS Laboral cuenta con una sentencia firme de este Tribunal, que ha decretado la ilegalidad de los despidos por amortización, ordenando la inmediata readmisión de las 156 trabajadoras/-es de este colectivo.
Dichas trabajadoras/es están acudiendo a sus puestos de trabajo, pero la Gerencia de la UPM no les permite trabajar, ya que, según dicen, “sus puestos siguen estando amortizados”. Es decir, la UPM, una universidad pública que pagamos todas/os, está pagando a 156 trabajadoras/es sin permitirles trabajar e incumpliendo abiertamente la sentencia del Tribunal Supremo.
Esto parece surrealista pero dentro de la UPM pasan cosas de lo más “absurdo”, como por ejemplo pagar 40.000 euros de dinero público al hijo de 18 años de un investigador por una “traducción especializada de un proyecto de investigación en ingeniería”, según detectó una auditoría del Tribunal de Cuentas. Y en esa auditoría sólo se destapa la punta del iceberg del derroche de dinero público habitual en la UPM.
Con el despido de 301 trabajadoras/es, la UPM pensaba ahorrar cerca de 6 millones de euros, pero con la sentencia del Supremo dicho ahorro se ha ido al traste, ya que ahora ha de pagar a las readmitidas/os todos los salarios dejados de percibir. ¿Sr. Rector Carlos Conde Lázaro, no hubiera sido más fácil y justo reducir gastos superfluos, como por ejemplo: adjuntos, vicegerentes, jefaturas para los amiguetes, coches oficiales o institutos de investigación que no realizan proyectos…?
De todas las universidades públicas madrileñas la UPM tiene la peor situación económica en la actualidad, debido a una deuda enorme y sospechosa, arrastrada desde el anterior equipo rectoral (cabe recordar que el rector actual fue vicerrector en el anterior gobierno). En definitiva, algunos han tratado a la UPM como su “chiringuito privado” del cual se beneficia una minoría, mientras la mayoría de la comunidad universitaria sufre las consecuencias de esta nefasta gestión.
Nosotros, los 301 trabajadores despedidos injustamente, lo único que queremos es regresar a nuestros puestos de trabajo y que la UPM vuelva a prestar un servicio público y de calidad.
¡READMISIÓN 301!
