1. ¿Existe opresión nacional en Catalunya?
Catalunya es una nacionalidad histórica, al igual que Euskal Herria o Galiza. Como el resto de estos pueblos, cuenta con una identidad nacional propia basada en su historia, en su rica cultura y su lengua. Si bien la plurinacionalidad y el cuidado y respeto por los distintos pueblos y culturas no debería ser un problema, lo cierto es que bajo el sistema capitalista y el imperialismo, y concretamente en el proceso histórico que alumbró el Estado español tal como hoy lo conocemos, la opresión centralista sobre estas naciones ha sido una de las señas de identidad de la clase dominante española y de las instituciones del Estado, llegando a una virulencia extrema bajo la dictadura franquista.
Con el gobierno del PP la opresión nacional se ha recrudecido. Y no es ninguna casualidad. La derecha españolista, heredera directa de la dictadura franquista, ha lanzado ataques virulentos contra los derechos sociales de la población, imponiendo recortes que están arrasando la enseñanza y la sanidad públicas, precarizando el empleo y extendiendo los salarios de miseria, al tiempo que aprueban leyes que criminalizan la protesta social como la Ley Mordaza. En un contexto de grandes luchas y movilizaciones como las que hemos vivido en estos años, la derecha siempre ha utilizado el nacionalismo españolista, y la descalificación de la legítima aspiración a la autodeterminación del pueblo de Catalunya, Euskal Herria o Galiza, como una forma de basarse en los prejuicios de los sectores más atrasados de la población para así generar división y odio entre los trabajadores y los jóvenes, y poder mantener con mayor facilidad su posición en el poder.
En estos años los intentos por imponer su visión de la España “Una, grande y libre” se han sucedido con fuerza. Todos recordamos las bochornosas palabras del Ministro Wert planteando la necesidad de “españolizar a los alumnos catalanes”, y la elaboración de una ley - como la LOMCE - que no es más que una vuelta a las cavernas educativas del franquismo. La actitud de este ministro y del conjunto del gobierno de Rajoy rebosa de desprecio y persecución contra la cultura y la lengua catalana, vasca y gallega, algo que hiere los sentimientos de millones de personas de la misma manera que lo hacía la dictadura.
La ofensiva contra el modelo de inmersión lingüística del catalán, que ha funcionado perfectamente durante décadas recuperando la utilización de esta lengua en los centros de estudio, se ha presentado como una manera de defender el “castellano”, como si este estuviera bajo ataque. ¡Nada más lejos de la realidad! Lo cierto es que, tanto el catalán, como el euskera o el gallego han sido lenguas perseguidas y duramente amenazadas: hablarlas o escribir en ellas era motivo de encarcelamiento, persecución, vejaciones o palizas durante décadas, bajo la dictadura. Pero la derecha y los reaccionarios que dominan el aparato del Estado desprecian estos hechos y en vez de proteger y preservar estas lenguas, que son parte de nuestra cultura y que han estado amenazadas con desaparecer, hoy las vuelven a criminalizar y a atacar con todas sus fuerzas.
Hoy, tras los acontecimientos del 1 de octubre, cuando más de dos millones de personas intentaron ejercer pacíficamente su derecho a decidir y fueron duramente reprimidas por la policía y la guardia civil, la campaña repugnante de mentiras y manipulaciones tratando de generar un ambiente de rechazo y odio hacia todo lo catalán en el conjunto del Estado, ha adoptado una dimensión espeluznante.
Frente a esta deriva cada vez más autoritaria del PP, desde el Sindicato de Estudiantes siempre hemos defendido el derecho democrático a decidir, que no es otra cosa que, que el pueblo de Catalunya en este caso, pueda decidir libremente su futuro y sus relaciones con el Estado español mediante una votación democrática. Estamos completamente en contra de imponer una unión que no sea voluntaria y decidida democráticamente al pueblo de Catalunya, de Euskal Herria o de Galiza.
2. ¿Qué pasó en Catalunya el 1 de Octubre?
A pesar de todas las medidas represivas del PP, de las detenciones, de las multas, de la persecución de activistas o de la incautación masiva de papeletas, millones de personas pusieron en cuestión una legislación injusta y que sólo responde a los intereses de la oligarquía española, de la monarquía y de los sectores más reaccionarios de la sociedad. Las imágenes de vecinos y vecinas, familias, ancianos y jóvenes, recibiendo golpes de forma indiscriminada por defender su derecho a votar y la de las fuerzas policiales abriéndose paso en los colegios electorales a martillazo limpio para incautarse de las urnas, pasarán a la historia porque repiten lo que millones de nuestros padres y abuelos vivieron bajo la dictadura franquista. Frente al terror desatado por el Estado centralista y el gobierno de la derecha, el pueblo de Catalunya dijo basta. Decidió ejercer su derecho democrático a votar y a decidir.
Desde el bloque monárquico reaccionario nos dicen que la votación del 1 de octubre no es legítima ni legal y que va en contra del Estado de derecho. Pero sabemos perfectamente que lo “legal”, lo “democrático” y lo “justo” son cosas que para el PP no guardan ninguna relación entre sí. Las leyes no se utilizan para encarcelar a corruptos del PP, ni para meter entre rejas a los banqueros que han robado a manos llenas, ni contra los que ejercen violencia contra las mujeres, nos desahucian de nuestras casas, o recortan la educación y sanidad pública. No, las leyes se utilizan para defender los intereses los ricos. Desde el gobierno, Ciudadanos y el PSOE se nos dice que lo que no es legal, no es democrático. Les recordamos que hace no mucho tiempo las mujeres no podían votar y tampoco se podía votar a los 18 años; no era legal el derecho al divorcio o al aborto, no era legal el derecho a huelga de los estudiantes, ni el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y acaso esa legalidad que aplastaba nuestros derechos era democrática? Por supuesto que no.
Por parte de Rajoy y el PP, Albert Rivera y los políticos derechistas de Ciudadanos, y también desde el PSOE de Pedro Sánchez, se apela constantemente a “respetar” la Constitución. Pero esa Constitución fue votada en 1978 y es el fruto de un pacto entre el aparato del Estado de la dictadura y los políticos franquistas con los dirigentes de las organizaciones de la izquierda de aquella época. Un pacto que se produjo precisamente cuando el pueblo movilizado en las calles arrancó, con una lucha muy dura —y que costó cientos de muertos a manos de las fuerzas policiales— , los derechos y libertades democráticas que hoy el PP y su Estado pretenden anular.
¿Pero qué supuso realmente la Constitución del 78? ¿Por qué todos los reaccionarios la defienden con tanta pasión? Las razones son claras: no sólo dejó intacto el aparato del Estado franquista —jueces, policía, militares…—, sino que garantizó la impunidad para los crímenes de la dictadura y encumbró una Monarquía impuesta por Franco; sobre todo otorgó a los capitalistas el poder para decidir sobre todo lo fundamental que afecta a la vida de la inmensa mayoría de la población. Por supuesto, la Constitución negó el derecho de autodeterminación a Catalunya, Euskal Herria y Galiza, consagrando la “Unidad” de España mediante una imposición antidemocrática, vigilada muy de cerca por el Ejército y una monarquía que disfruta de grandes atribuciones políticas. Las características autoritarias del régimen del 78, durante años ocultadas conscientemente por un pacto de silencio, se han hecho visibles para millones de personas.
Por tanto, si vemos “la democracia” con las gafas que utiliza el PP, el partido de los corruptos y los ricos, o de los medios de comunicación al servicio de los grandes poderes económicos, o de aquellos partidos que defienden el actual orden social injusto, es evidente que nos tragaremos todas sus mentiras y manipulaciones. Por eso mismo, la idea de que el resultado del referéndum del 1-O no puede ser proclamado porque no es legítimo significa un desprecio absoluto a la voluntad popular y a la democracia. Más de 2.200.000 personas defendieron su derecho a votar enfrentándose a una brutal represión. El porcentaje de participación de este referéndum fue mayor al de las elecciones europeas de 2014. El número de votantes a favor de la república catalana fue claramente superior al de votos afirmativos que obtuvo el Estatut de Autonomía (la norma que regula la relación de Catalunya con el Estado español). ¡Qué elección podría tener más legitimidad que ésta, conquistada mediante la lucha y la movilización masiva frente a toda la maquinaria represiva del Estado centralista!
3. ¿Qué es el artículo 155?
El artículo 155 de la Constitución Española permite la suspensión de la autonomía de una comunidad autónoma en el caso de que el gobierno considere que las actuaciones de ésta “atentan contra el interés general”. Es una forma muy elegante y sofisticada de decir que el gobierno se guarda el derecho de disolver el parlamento de una comunidad autónoma, elegido democráticamente en las urnas, y anular todas sus competencias y cualquier garantía democrática.
Este artículo ha sido utilizado en el caso de Catalunya para obligar por la fuerza y de forma autoritaria al pueblo de Catalunya a acatar las decisiones de quien obtuvo tan sólo el 8% de los votos en las últimas elecciones al Parlamento Catalán —el Partido Popular—. El 155 nunca antes había sido puesto en práctica y la única razón para hacerlo es la desesperación de un gobierno que sólo puede tratar de llevar a cabo su política y su “legalidad” mediante la fuerza y la represión. No hace falta ser un gran politólogo para ver el carácter franquista de esta medida, que impone penas de cárcel para quienes organizan ¡una votación! ¡Es el mundo al revés! ¡Esa es la democracia del Partido Popular!
4. ¿Por qué la querella del Fiscal General del Estado es franquismo?
Lo que plantea la querella del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, es que la jornada del 1 de octubre y los días previos y posteriores “constituyeron una insurrección, un levantamiento violento, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado (…) Los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada”.
Esto quiere decir que la movilización pacífica de millones de millones de personas que querían ejercer su legítimo derecho a votar es considerada por el máximo fiscal del Estado, puesto a dedo por el PP, como un “levantamiento violento”. Y eso no es todo. La huelga general que paralizó y llenó las calles de toda Catalunya el 3 de octubre le sugiere lo siguiente al Fiscal: “La huelga no fue convocada en defensa de los derechos de los trabajadores, sino como un acto más de fuerza”. La Fiscalía sostiene que “los hechos dirigidos a la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república, ponen en objetivo peligro los fundamentos del Estado de Derecho (…) que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”.
El delito de rebelión, que en el código penal implica la utilización de la violencia, puede acarrear una condena de 30 años de cárcel. Para fundamentar su querella infumable, el fiscal general señala ahora que tal delito “no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”, y cita como jurisprudencia (sentencias judiciales previas de casos similares) la sentencia del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, donde el Tribunal Supremo llegó a estimar que la rebelión se puede llevar a cabo “de modo incruento”. ¡Qué demagogia más grosera! ¡Cómo se puede comparar el golpe del 23F con la movilización masiva, democrática y pacífica de todo un pueblo! ¡El Fiscal, el PP y sus leyes represivas apestan a franquismo!
La represión brutal que dejó cerca de 1.000 heridos a manos de la policía el pasado 1 de octubre, la persecución y multas a activistas que ponían carteles expresando su legítima opinión sobre la independencia de Catalunya, el encarcelamiento de los dirigentes de ANC y Omnium por organizar protestas pacíficas en defensa de los derechos democráticos, la aplicación del artículo 155 y finalmente el encarcelamiento de los consellers del Govern, suponen un ataque contra la democracia a niveles nunca vistos desde la caída de la dictadura.
Hoy son los consellers del Govern, los dirigentes de ANC y Omnium los que son castigados con la cárcel. Pero esto no es un ataque sólo al pueblo de Catalunya ¡Mañana serán los dirigentes de una huelga, los que paren un desahucio, los estudiantes que hagamos huelga contra las reformas franquistas del PP y contra los recortes! ¡Todo vale! Esto es lo que ha demostrado el gobierno con la aplicación del 155. Pero es mucho más: mañana pueden ilegalizar partidos políticos, huelgas generales u organizaciones sociales que se rebelen y que desafíen las medidas del gobierno. Quieren dar una lección ejemplar a todos aquellos que nos organizamos y plantamos cara contra las injusticias del sistema y desafiemos abiertamente el orden capitalista. Así lo hicieron ya aprobando su Ley Mordaza y metiendo en la cárcel a Alfon y a Bódalo. Esto es más de lo mismo pero con unas dimensiones mucho mayores.
Este ataque no es sólo un intento de reprimir por la fuerza el movimiento del pueblo catalán por el derecho a decidir, es un ataque contra las libertades y los derechos democráticos de todos los trabajadores y de toda la juventud - de Catalunya y de fuera de Catalunya - . Por eso tenemos que responder todos juntos, y no dejarnos intoxicar por la campaña envenenada de los medios de comunicación que quieren enfrentarnos a los que somos iguales: a los jóvenes y trabajadores que en Catalunya y en el resto del Estado hemos luchado y luchamos codo con codo contra los recortes, las privatizaciones, los desahucios, la represión. ¡Todos organizados y en la calle somos una fuerza imparable!
5. ¿Por qué defendemos la república catalana del pueblo, los trabajadores y la juventud?
Defender el derecho a decidir del pueblo de Catalunya no significa que nos subordinemos a la derecha catalanista del PDeCAT. Desde el Sindicato de Estudiantes hemos organizado numerosas huelgas educativas contra los gobiernos de Mas y de Junts Pel Sí, que han actuado en el terreno social aplicando los mismos recortes que el PP, recurriendo a la represión contra la movilización de la juventud y los trabajadores.
Los políticos burgueses del PDeCAT fueron mucho más lejos de lo que querían tras ser empujados por la impresionante movilización del 1 y 3 de octubre (de ahí sus caras de funeral cuando el Parlament proclamó la república). Y desde que la burguesía catalana comprendió que millones de personas habían puesto en cuestión su sistema, su legalidad y sus instituciones, no sólo han trasladado la sede social de miles de empresas fuera de Catalunya, sino que han exigido a Puigdemont y a los suyos que recularan. Obviamente los capitalistas catalanes, como los españoles y los europeos, saben que una república catalana ganada por la movilización de la población, de la juventud y los trabajadores, emprendería inmediatamente una batalla contra las políticas de recortes y la austeridad, poniendo en graves problemas al PDeCAT, al PP y a todos los gobiernos europeos. Por eso utilizan el miedo y el chantaje contra la población diciendo que la república catalana traerá el paro, la pobreza, el caos… exactamente igual que hizo la Troika contra el pueblo griego cuando este se levantó contra sus políticas de austeridad.
Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a unir las fuerzas del pueblo de Catalunya con sus hermanos y hermanas del resto del Estado para derrotar todos juntos al PP, a su represión, al régimen podrido y autoritario del 78 y también para poner fin a las políticas antisociales y derechistas del PDeCAT. Defendemos una república en Catalunya, pero no una república de la oligarquía y los políticos burgueses catalanistas, sino del pueblo, de los trabajadores y la juventud, que sirva para acabar con los recortes, los desahucios, la corrupción, que garantice una educación y una sanidad públicas y de calidad, puestos de trabajo dignos y la nacionalización de la banca bajo control democrático de la población para que la riqueza que todos y todas creamos se utilice para resolver las necesidades acuciantes de la mayoría. Y luchamos también por una república socialista federal, basada en la unión libre y voluntaria de los pueblos y naciones que componen actualmente el Estado español, si así lo deciden. De esta manera sí podremos acabar con la opresión nacional y con todas las formas de opresión, de clase, de género, de raza… que hoy padecemos bajo el sistema capitalista.
